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Definición Sistema Cantonal


El Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos para las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Gualaceo, es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el reconocimiento, goce, ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, leyes e instrumentos internacionales de derechos humanos; y, el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo y los deberes del Estado para la consecución del buen vivir. El Sistema, es parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los sistemas especializados, mismo que se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional descentralizado de Planificación Participativa.

Forman parte del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos para las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Gualaceo, además de los señalados en la presente Ordenanza, todos los organismos que por sus competencias, funciones o mandatos estén vinculados a servicios, garantía, protección, vigilancia y evaluación de políticas públicas y servicios públicos y organismos de exigibilidad y restitución de derechos.

ORGANISMOS DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS PARA LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN GUALACEO

El Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos para las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Gualaceo, está integrado por cuatro niveles de organismos:

  • Organismo de Formulación, transversalización, observación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
  • Consejo Cantonal de Protección de Derechos
  • Organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos
  • Juntas Cantonales 
  • Organismos de Ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 
  • Las entidades públicas de atención.
  • Las entidades privadas de atención. Las entidades comunitarias
  • Organismos de Participación Ciudadana
  • Organismos de la Sociedad Civil
  • Consejos Consultivos
  • Defensorías Comunitarias

Organismos del Sistema Cantonal

¿QUÉ SON LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS?

Las defensorías Comunitarias forman parte del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos para las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Gualaceo y son organismos fruto de la organización social de las comunidades, barrios y parroquias, para asegurar la participación protagónica de las y los habitantes del Cantón Gualaceo en todo el territorio, para la garantía social de los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria. 

El papel de las Defensorías Comunitarias comprende la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia, jóvenes, mujeres, adultos y adultas mayores; personas con discapacidad, en condiciones de movilidad y todos los grupos a los que el Estado debe una atención especial. En los casis de amenaza o violación a los derechos de estos grupos podrán promover, si fuera necesario, la actuación de los otros organismos del Sistema y las acciones administrativas y judiciales que estén a su alcance en el ámbito de la restitución y ejecución de derechos. La estructura, funcionamiento y potestades de las Defensorías Comunitarias se norman de acuerdo con la ley y la ordenanza que promueve el sistema de participación ciudadana. 

¿QUÉ SON LOS CONSEJOS CONSULTIVOS?

Los Consejos Consultivos son organismos de consulta, observancia y promoción de derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; se constituyen para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de la participación protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del sector público y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por titulares de derechos de cada una de las temáticas de género, étnico/intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidad; y se constituyen en espacios permanentes y participativos que tienen como objetivo representar las demandas de los grupos de atención prioritaria y formular propuestas en relación con los temas de su interés específico a fin de garantizar sus derechos humanos. Su voz debe tomarse en cuenta para la elaboración de las políticas, planes, programas o proyectos; por lo tanto, los consejos consultivos serán consultados de manera obligatoria, por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos y el GAD Municipal de Gualaceo, en todos los temas que les afecten y sus opiniones serán incorporadas en el debate del cuerpo colegiado. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos impulsará la conformación y fortalecimiento de los Consejos Consultivos Cantonales de Niñez y Adolescencia, Jóvenes, Adultos Mayores, Género, Discapacidad, Movilidad Humana y de Pueblos y Nacionalidades

¿QUÉ SON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL?

Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones que forman parte del Sistema de Protección Integral de Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria podrán articularse en sus diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas

¿QUÉ ES LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS?

DEFINICIÓN JCPD

Es un organismo municipal operativo, que se encarga como función pública de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de un cantón ante casos de amenazas y vulneraciones de sus derechos establecidos en la Constitución, Código de la Niñez y Adolescencia y demás leyes del país.
Aporta a la desjudicialización de los procedimientos de protección de derechos de niñas/os y adolescentes. Promueve el acceso a la justicia alternativa de niñas/os y adolescentes, a través de medidas administrativas de protección y restitución de sus derechos

FUNCIONES JCPD

En el ámbito de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos las siguientes funciones:

Conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de los grupos de atención prioritaria dentro del Cantón Gualaceo; Dictar las medidas administrativas de protección necesarias para reparar integralmente el o los derechos amenazados o conculcados; Vigilar la ejecución de sus medidas; Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del cantón Gualaceo, a quienes se le haya aplicado la protección; Interponer las acciones necesarias, incluso jurisdiccionales, en los casos de incumplimiento de sus decisiones o cuando sus decisiones o medidas de protección sean insuficientes para la reparación efectiva e integral de los derechos; Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales contra de los grupos de atención prioritaria; Coordinar acciones con los otros organismos del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos para las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Gualaceo; Requerir a los órganos del gobierno nacional o seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones; Presentar informes trimestrales sobre los procesos administrativos que sustancien la Junta al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Gualaceo, En el ámbito de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia, sin prejuicios de las ya establecidas en otros cuerpos normativos, corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos las siguientes atribuciones: Conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos de mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en el marco de su jurisdicción y, disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado; interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Llevar el registro sobre las personas sobre las cuales se hayan aplicado medidas de protección y proporcionar la información al Registro Único de Violencia contra las Mujeres. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisión de actos de Violencia de los cuales tengan conocimiento, y, Vigilar que, en los reglamentos y prácticas institucionales, las entidades de atención no violen los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Su estructura y funcionamiento será regulado en el reglamento que dicte el Consejo Cantonal de Protección de Derechos en el marco del COOTAD y la Constitución de la República.

Medidas Administrativas

¿Qué son las medidas administrativas?

  • Decisiones de la autoridad competente a favor del niño/a y adolescente.
  • Acciones positivas que adopta el estado para asegurar la protección de niños/as y adoles-
    centes, que se encuentran en desprotección.
  • Acciones preferenciales a favor de niños/as y adolescentes, actual como mecanismo de
    restitución de derechos y de prevención de situaciones de carácter social.
  • Acciones concretas a favor de niño/a o adolescente, adoptada en casos de riesgo.

Tipos de medida

Medidas de protección como

Acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material de apoyo al núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés del niño, niña o adolescente. Custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado/a en un hogar de familia o una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual el Juez/a de la Niñez y Adolescencia dispondrá la medida de protección que corresponda.

Medidas de protección en caso de maltrato como:

Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el /la Juez/a de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna; Custodia familiar o acogimiento institucional; 

Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la persona agresora; Inserción del/a agresor/a en un programa de atención especializada; 

Orden de salida del/a agresor/a de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; Prohibición a el/a agresor/a de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella; Prohibición a el/a agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra la víctima o sus parientes; Suspensión del/a agresor/a en las tareas o funciones que desempeña; 

Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican la medida; Participación del/a agresor/a o del personal de la institución en la que se haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos; Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación de las conductas de maltrato.

¿Para qué sirven las medidas administrativas?

Para hacer cesar o amenaza el acto que violenta un derecho. Para restituir el derecho vulnerado Para asegurar el respeto permanente a los derechos de niños/as y adolescentes por parte del Estado, sociedad y la familia. Para reforzar y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios con los niños, niñas y adolescentes

¿Cómo se adoptan medidas administrativas pueden disponer?

Mediante resolución de la autoridad competente. Deben preferirse aquellas medidas que fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios. Pueden detectarse varias medidas para un caso. Pueden ser restituidas, modificadas o revocadas por la autoridad competente.

¿A quiénes se dispone las medidas administrativas?

A las instituciones que forman parte del Estado, sus funcionarios/as o empleados/as. Progenitores el niño, niñas o adolescente Al responsable del cuidado y protección de los niños/as y adolescentes Familiares y parientes del niño, niña o adolescente A docentes A los Representantes Legales de las Instituciones A los Responsables del transporte público A los Medios de Comunicación Al propio niño/a y adolescente A cualquier persona Las disposiciones o medidas son de obligatorio cumplimiento para personas y entidades públicas y privadas. Todas las personas tienen derecho al debido proceso, teniendo en cuenta los principios de interés superior del niño y prioridad absoluta.

¿Con qué instituciones coordinan?

Organismos de Participación Ciudadana: Organismos de la Sociedad Civil; Consejos Consultivos, y; Defensorías Comunitarias.

Medidas que se pueden disponer

Sistema Cantonal

Acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material de apoyo al núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés del niño, niña o adolescente. Custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado/a en un hogar de familia o una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual el Juez/a de la Niñez y Adolescencia dispondrá la medida de protección que corresponda. Medidas de protección en caso de maltrato como: Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el /la Juez/a de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna; Custodia familiar o acogimiento institucional; Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la persona agresora; Inserción del/a agresor/a en un programa de atención especializada; Orden de salida del/a agresor/a de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; Prohibición a el/a agresor/a de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella; Prohibición a el/a agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra la víctima o sus parientes; Suspensión del/a agresor/a en las tareas o funciones que desempeña; Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican la medida; Participación del/a agresor/a o del personal de la institución en la que se haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos; Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación de las conductas de maltrato.

Sobre nosotros

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